El lunes pasado asumieron doce nuevos abogados integrantes para la Corte Suprema. El hecho y la selección hecha por el Ministerio de Justicia entre la lista que presenta la Corte Suprema, revivió un debate que se viene arrastrando hace años, pero además ha metido ruido por nuevas polémicas que vienen a cuestionar la entidad del abogado integrante.
Lo cierto es que hace rato que en el mundo judicial hay muchos que estiman que debieran desaparecer, porque tienen una diferencia de origen con los jueces ya que son elegidos de otro modo y su nombramiento -según se critica- suele asociarse a un carácter más bien político, sin perjuicio de lo cual ha habido muy destacados abogados que han desempeñado esta función. Hay quienes proponen, por ejemplo, que se elimine esta institución y se emplee el sistema europeo, en que llaman a los jueces jubilados a integrar sala cuando hay un ministro enfermo o en vacaciones. Actualmente hay 27 jubilados y de ellos se podría escoger a unos 10 que estuvieran plenamente facultados, dicen.
Hay otro problema: cada vez se hace más difícil encontrar el número de interesados, pues la mayoría de los abogados integrantes tienen otras actividades académicas o ejercen su profesión y no pueden estar alegando en la Corte Suprema, o derechamente litigando en causas del mismo tema que están viendo en la sala. Lo mismo ocurre con los informes en derecho. Desde el otro lado, para el proceso judicial muchas veces pasan a ser una complicación para el avance de los juicios porque, a diferencia de los ministros, pueden ser recusados sin expresión de causa.
Pero ahora se suman nuevas polémicas. Una es que el gobierno les fijó límite de edad -75 años- con lo cual quedó fuera el tradicional integrante, Pedro Pierry. Los que critican esta medida -aparte de apuntar sus quejas a que La Moneda primero debió cambiar la ley- recuerdan que esta dice expresamente en el art. 219 del Código Orgánico de Tribunales que los abogados integrantes tienen los mismos requisitos que para ser juez, excepto el límite de edad. En efecto, señala: “En esta lista deberán figurar cuarenta y cinco abogados, con residencia en la ciudad de Santiago, que reúnan las condiciones requeridas para ejercer los cargos de ministros, con excepción del límite de edad establecido”. Otros, en cambio, aplauden que esta medida trae una renovación de la entidad.
Las dudas que preocupan en el Colegio
Pero hay otro hecho que viene a poner foco con más fuerza sobre el tema. En esta ocasión, tanto el presidente del Colegio de Abogados, Héctor Humeres Noguera, como la vicepresidenta, Leonor Etcheberry Court, quedaron entre los escogidos. Y aunque no existe incompatibilidad legal para ser abogados integrantes, se comentó mucho en el foro que hay razones de prudencia por las que debieron evitarlo, puesto que el nombramiento les restaría independencia.” Evidentemente están sujetos a la jurisdicción disciplinaria de la Corte y el rol de presidente y vicepresidente tiene que ser ejercido con mucha autonomía”, argumentan fuentes entendidas. Otros señalan que si bien el Colegio se pronuncia sobre asuntos gremiales y no sobre fallos, existe una delgada línea que haría conveniente evitar este tipo de situaciones, que pueden ser fuente de conflictos de interés. En su defensa, desde el Ministerio de Justicia recuerdan que Leonor Etcheberry ya fue abogada integrante siendo presidenta del gremio entre junio de 2019 y junio de 2020. Sin embargo, no se registran precedentes similares en los últimos años. Humeres y Etcheberry terminan su período a la cabeza del Colegio de Abogados en junio de este año. Ambos pueden o no ser reelectos, dependiendo de que obtengan votaciones y de su voluntad de continuar.
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