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La decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea (Brexit) supone, entre otros cambios, el fin del libre movimiento de personas, la imposición de controles aduaneros y la limitación de servicios que antes fluían de un lado a otro sin mayores restricciones.
Durante años, británicos y europeos viajaban de un lado a otro del canal de la Mancha y podían elegir libremente donde vivir y trabajar. Dichas facilidades llegaron a su fin y ahora se necesitará un visado para estancias largas y motivos de trabajo. Además, al pasar por los controles migratorios, en principio los británicos ya no podrán utilizar la fila rápida reservada a los ciudadanos de la UE, el Área Económica Europea (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y Suiza, lo que podría dilatar esperas en fronteras y aeropuertos. Así también, algunas profesiones ya no serán homologadas de forma automática como antes, por ejemplo la arquitectura, la medicina o la enfermería.
Los trámites aduaneros post brexit implican costes que, al final, recaen en el precio al consumidor. En todo caso, como consecuencia positiva, el Reino Unido podrá establecer medidas proteccionistas, lo que podría beneficiar a las empresas locales frente a la competencia europea.
Tomando en consideración las limitaciones al libre movimiento de personas, que se producirán como consecuencia de tal medida, ¿la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea constituye una función de gobierno o una función de garantía, tal medida?
Hipótesis:
La decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea podría ser una función de gobierno si la misma no afecta ni protege de forma directa un interés individual, sino sólo intereses generales.
Bibliografía:
Espinoza Rausseo, Alexander y Rivas Alberti, Jhenny (2021). La delimitación conceptual de la función de gobierno frente a la función administrativa a partir del sistema de protección jurídica individual. Revista General de Derecho Constitucional , N.º 34 ABRIL, pp. 1-31. ISSN: 1886-6212. Estado: Publicada. Indexación: WOS. https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=423544
Espinoza Rausseo, Alexander y Rivas Alberti, Jhenny (2021). La teoría pura del derecho y la separación conceptual entre las funciones administrativas, jurisdiccionales y de gobierno, en la evolución del sistema alemán de protección jurídica del individuo. Revista de Derecho Político (UNED) N.º 111 mayo-agosto 2021, pp. 255-278. ISSN: 0211-979X. Estado: Publicada. Indexación: WOS. https://doi.org/10.5944/rdp.111.2021.31069 http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/31069/23492
Espinoza Rausseo, Alexander y Rivas Alberti, Jhenny (2020). El concepto de la función administrativa y su delimitación frente a los actos de naturaleza jurisdiccional. Revista Justicia y Derecho de la Universidad Autónoma de Chile (RJ&D). Indexación: Latindex. ISSN: 0719-9392. DOI: 10.32457/rjyd.v3i2.532. https://revistas.uautonoma.cl/index.php/rjyd/article/view/532/542
Para determinar cuál es el bien jurídico protegido debe analizarse cuál es la finalidad de la intervención del Estado; esto es, qué justifica la afectación del derecho de libertad. Para ello debe establecerse cuál es el ámbito de aplicación de la norma que impone la obligación del Estado de hacer algo para brindar protección eficaz frente a un peligro que deriva de terceros o de otra causa, en cuyo caso se trata de los derechos de protección, o para reestablecer el equilibrio social, en base a un derecho social. En ciertos casos es posible la concurrencia de varios derechos, que refuerzan la posición jurídica.Deselect Answer
Para determinar cuál es el derecho afectado debe analizarse si la conducta descrita se encuentra comprendida dentro del ámbito de aplicación material y personal de un derecho fundamental especial. En caso de que no encontremos un derecho fundamental especial aplicable, entonces aplicaremos el derecho a la libertad general de actuación, del artículo 19 Nº 7 de la Constitución Política, el cual comprende el derecho prima facie de hacer y dejar de hacer lo que cada quien desee.Deselect Answer
Para determinar si la afectación del derecho de libertad es una consecuencia directa e intencional de la norma o solo una consecuencia indirecta o refleja debemos establecer la longitud de la cadena causal entre el acto del Poder Público y el efecto sobre el individuo afectado. En la medida en que en la relación causa-efecto participen factores externos no controlables o no previsibles por el órgano del Estado, entonces no se afecta un interés individual. (Ver gráfico)
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