Para determinar cuál es el derecho afectado debe analizarse si la conducta descrita se encuentra comprendida dentro del ámbito de aplicación material y personal de un derecho fundamental especial. En caso de que no encontremos un derecho fundamental especial aplicable, entonces aplicaremos el derecho a la libertad general de actuación, del artículo 19 Nº 7 de la Constitución Política, el cual comprende el derecho prima facie de hacer y dejar de hacer lo que cada quien desee.

Para determinar cuál es el bien jurídico protegido debe analizarse cuál es la finalidad de la intervención del Estado; esto es, qué justifica la afectación del derecho de libertad. Para ello debe establecerse cuál es el ámbito de aplicación de la norma que impone la obligación del Estado de hacer algo para brindar protección eficaz frente a un peligro que deriva de terceros o de otra causa, en cuyo caso se trata de los derechos de protección, o para reestablecer el equilibrio social, en base a un derecho social. En ciertos casos es posible la concurrencia de varios derechos, que refuerzan la posición jurídica.

De acuerdo con el principio de idoneidad, la justificación no abarca el uso de un medio que resulta evidentemente ineficaz para alcanzar el fin previsto. El principio de idoneidad constituye un mecanismo destinado a detectar y excluir medios que no son eficaces para brindar protección al bien jurídico que sirve de justificación a la limitación.
La medida sólo es idónea cuando existe un peligro real e inminente para el bien jurídico protegido.

La medida sólo es idónea cuando el afectado es el responsable del peligro.

La medida es idónea cuando es objetivamente adecuada para brindar protección eficaz

El principio de necesidad: Ante la posibilidad de escoger entre varios medios igualmente eficaces, debe preferirse aquél que cause menor perjuicio al interés en conflicto. El legislador debe procurar establecer medias que limiten en menor medida el ejercicio del derecho fundamental. El nivel próximo de limitación puede ser utilizado cuando el nivel anterior no ofrezca protección suficiente.

La valoración de derechos fundamentales se realiza a partir del impacto que ese ámbito de protección es capaz de producir sobre quien es su titular. En algunos casos es útil el uso del principio de dignidad humana, como parámetro o núcleo de todo derecho fundamental. En otros casos, es determinante el impacto que el ejercicio de un derecho puede producir en una colectividad.

Para valorar la importancia del derecho a la libertad general de actuación debemos considerar los criterios que derivan del grado de realización espiritual y material de la persona, es decir, de la importancia de la actividad para el libre desarrollo de la personalidad.  Una afectación sería muy importante, en caso de ser esencial para el desarrollo la personalidad; importante, en caso de ser parte del desarrollo la personalidad; menos importante, en caso de afectar poco el desarrollo la personalidad y sin importancia, en caso de ser un elemento superfluo.

Para valorar la importancia del derecho a la integridad física y psíquica de la persona (Art. 19 Nº 1º) debemos considerar los criterios que derivan de la gravedad de la lesión, el grado de incapacidad y dolor que podrían ser causados en caso de accidente causado por el ejercicio del ciclismo de montaña. Una afectación sería muy importante, en caso de causar lesiones muy graves que producen dolor e incapacidad permanentes o durante un considerable período de tiempo; importante, en caso de causar lesiones graves que producen dolor e incapacidad durante un período de tiempo de pocos días; menos importante en caso de causar lesiones leves que producen dolor e incapacidad que tardan poco en sanar e irrelevante, en caso de causar lesiones que producen muy poco dolor e incapacidad.

Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro